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"La Justicia actúa conforme los intereses políticos de Lenín Moreno"

Paola Pabón, prefecta electa de Pichincha, Ecuador, provincia a la que pertenece la capital Quito, fue detenida en su domicilio y encarcelada durante 72 días, acusada de rebelión. La razón: haber publicado 2 tuits denunciando la censura y la violencia policial durante las protestas sociales de octubre de 2019, en las que la ciudadanía ecuatoriana se manifestaba contra el tarifazo de Lenín Moreno.

Tras la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que los funcionarios carcelarios intentaron entorpecer la entrevista con la prefecta (que se encontraba bajo prisión preventiva), Pabón recuperó su libertad. Pese a haber estado sujeta a una estricta vigilancia desde entonces, bajo medidas cautelares como el grillete electrónico y presentaciones periódicas, la Fiscalía pide ahora su reingreso en prisión.

Pabón analiza los factores que han llevado a su enjuiciamiento. El lunes 7 de septiembre se celebra la audiencia que revisará las medidas cautelares y puede determinar si deberá volver a prisión, a la espera del juicio.

– La Fiscalía pretende volver a imponerle prisión preventiva en contra del criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Pueden hacerlo? ¿Qué argumentos esgrimen para ello?

-Solo el incumplimiento de las medidas cautelares que tengo (presentación semanal ante el Fiscal, portar el dispositivo de vigilancia electrónica y prohibición de salida del país), podría determinar que es necesaria la prisión preventiva.

Lamentablemente, Fiscalía ha forjado un informe falso en el que me acusan de estar tratando de pedir asilo político en la Embajada de México, y con ese pretexto ha pedido revisar las medidas. Es decir, quieren encarcelarme con la excusa de que yo estaría tratando de exiliarme fuera del país. Pero eso es rotundamente falso: no he solicitado asilo político, asilo diplomático, refugio, protección ni resguardo, ni he realizado acercamientos con ninguna representación diplomática en el Ecuador para tales efectos.

Y a la pregunta de si pueden hacerlo… en teoría, no. O sea, no podrían hacerlo si actuaran con arreglo a derecho. No pueden porque, como le digo, no he incumplido ninguna de las medidas cautelares que se me impusieron. Pero la intención de la Fiscalía es clara: quieren apresarme cuanto antes, sin esperar al juicio. Y el problema es que cada vez nos quedan menos esperanzas en la independencia de los jueces del Ecuador. Claramente están recibiendo presiones del gobierno de Lenín Moreno, y por ello no actúan conforme a derecho, sino conforme a los intereses electorales y políticos del Ejecutivo.

– Todo el proceso del llamado “caso Rebelión” se sostiene, aparentemente, en la admisión de pruebas carentes de materialidad ¿De qué se le acusa? ¿Han podido probarlo?

-Se nos acusa de rebelión armada, es decir, de haber promovido, ayudado o sostenido un movimiento armado para alterar la paz del Estado. Esto va contra todo sentido común: es evidente que una o tres personas no pueden controlar una expresión popular tan espontánea y plural como fueron las movilizaciones ciudadanas de octubre. Manifestaciones en las que, además, ni siquiera participé.

120 días de instrucción fiscal, más de 55 personas llamadas a declarar, 15 inmuebles allanados… y no hay una sola prueba de que haya incurrido en el delito de rebelión. Lo único que hice fue publicar tres tuits denunciando la violencia de las fuerzas de seguridad, denunciando que nos cerraron la radio provincial Pichincha Universal, denunciando que violaron nuestra libertad de expresión.

Nuestro caso lo armaron de la noche a la mañana, sin pruebas, con publicaciones temerarias en redes sociales y mediatizándolo. Atropellaron los pilares más básicos de la democracia y del estado de derecho, uno por uno: la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a un juicio justo. Me quieren llevar a juicio por haber twitteado denunciando la censura y la represión durante las protestas populares.

– La respuesta del gobierno a las protestas de octubre de 2019 ha supuesto causas similares para otros miembros de la Revolución Ciudadana, y recientemente se han revelado importantes irregularidades en una de las acusaciones contra el expresidente Correa. ¿El fin de toda esta guerra judicial sería impedirles participar en las elecciones? ¿Es esta una persecución política?

-Es evidente que tras todo este proceso absurdo existe la pretensión de acelerar el proceso para sentenciar a Rafael Correa e impedirle que sea el candidato del binomio para las elecciones presidenciales del 2021. Y esto es sumamente grave porque, en democracia, a los adversarios se los debe enfrentar en el debate político. No se los extermina en la arena judicial, no se los encarcela. La ley fue pensada para resolver conflictos de manera pacífica, no para usarse como un arma contra el que piensa diferente.

– El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) de Ecuador otorga a la autoridad provincial un tiempo máximo de 60 días para estar ausente de sus funciones. Si la petición de prisión provisional contra usted se hace efectiva, pasado ese tiempo ¿qué será de su gobierno? ¿Perderá el cargo para el que fue elegida democráticamente por 311.065 personas?

-En diciembre de 2019, mediante una resolución histórica y unánime, debidamente fundamentada en lo dispuesto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Consejo del Gobierno de la Provincia de Pichincha resolvió conocer la medida cautelar 938-19, otorgada por la CIDH. Lo que significa que ratificaron la subrogación del cargo de Prefecta en la persona del Vice Prefecto Alexandro Tonello, por el tiempo que durara la ausencia de la Prefecta de Pichincha. Así conseguí mantener el cargo público para el que fui elegida mediante voto popular, y esa es la esperanza que tendría también ahora, si vuelven a encarcelarme de manera abusiva.

Y este tema no es menor porque, como usted dice, 311.065 personas me eligieron para el cargo de prefecta de Pichincha. Lo que quiere decir que, si me dictan prisión preventiva, no solamente están vulnerando mis derechos humanos y procesales (porque la prisión preventiva es una medida de última instancia, de última ratio, que no debe aplicarse si no es absolutamente imprescindible…); sino que además están vulnerando mis derechos políticos, tratando de apartarme del cargo para el que fui elegida democráticamente. Y lo que es más grave aún: también están vulnerando los derechos políticos de todos los pichinchanos y pichinchanas que me eligieron como prefecta, ejerciendo su derecho fundamental de sufragio.

Volver a encarcelarme sin sentencia ejecutoriada no solamente es una medida desproporcionada y lesiva para mi persona, sino el incumplimiento de la voluntad popular del pueblo de Pichincha, por la que fui elegida.

 

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Fuente: Nodal

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