Honduras está viviendo horas clave. Gran parte del pueblo continúa en las calles, llueven las denuncias de fraude electoral y organismos internacionales solicitan al Gobierno que garantice el Estado de Derecho, luego de haber transitado varios días de toque de queda.

Nodal charló con Katia Lara, cineasta y documentalista hondureña, fundadora de Terco Producciones. Con su lente, ha capturado importantes acontecimientos de la historia reciente de Honduras, como lo hizo con el documental “¿Quién dijo miedo?”, sobre el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en 2009, que debió terminar en Buenos Aires, donde buscó refugio de la persecución política. También filmó la lucha de lideresas sociales en “Berta vive”, “Margarita Murillo” y “Berta soy yo” (que se estrena en 2018). “Las documentalistas también somos defensoras de DDHH. Nuestro aporte es visibilizar lo que está sucediendo en el país, denunciar y acompañar los procesos sociales”, afirma.

En su documental “¿Quién dijo miedo?”, retrató al pueblo hondureño en las calles resistiendo el golpe a Zelaya en 2009. Hoy, el pueblo vuelve a salir a las calles masivamente. ¿Qué similitudes observa entre las escenas actuales y las que capturó en 2009?

Al igual que en 2009, la población salió espontáneamente a las calles. En aquel momento, para defender al Estado de derecho; y ahora, para protestar por un fraude electoral descarado. Otra similitud es que en ambas ocasiones las consignas llevan un nombre particular: aquí, el caudillismo está muy arraigado. En el golpe, después de que el presidente (Manuel Zelaya) fuera defenestrado, la gente gritaba “Urge Mel”. Hoy, grita “Fuera JOH” (Juan Orlando Hernández). Ese caudillismo ha facilitado negociaciones que han traicionado al movimiento popular. En 2009, Mel Zelaya, después de que el pueblo estuvo en las calles y él, encerrado en la embajada de Brasil, terminó rendido a los pies del funcionario norteamericano que vino a “resolver” la situación. Firmó un convenio, traicionó al movimiento popular y se fue del país. El caudillismo es una forma vieja de comprender la política partidaria, que hay que cambiar.

Otra cuestión similar es el uso desmedido del Ejército y la Policía, y de paramilitares. Otra cosa que me llamó la atención cuando andamos filmando es que el gesto de la gente en la calle es igual: levantan cuatro dedos de la mano. En el golpe, significaba el pedido por la cuarta urna. En las elecciones de 2009, Mel Zelaya propuso una cuarta urna (las otras son para elegir presidente, diputados y alcaldes) para preguntar a la gente si quería una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, los que levantan la mano con el mismo gesto, son los que están a favor del continuismo: piden cuatro años más de JOH. Finalmente, creo que la similitud más grande es que hay una profunda necesidad de que se hagan cambios estructurales. El pueblo de Honduras está cansado de que le tomen el pelo, no aguanta más, quiere cambios.

¿Y qué diferencias destaca entre ambos escenarios?

Me parece que la situación actual es mucho más compleja. Por ejemplo, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco Ramiro Lobo, ha contradicho el discurso que el Partido Nacional se ha querido postular como hegemónico para dar como ganador a JOH. Él señaló que la diferencia a favor de Nasralla era irreversible. Eso ha permitido que se haga más firme la denuncia por fraude. Otra cosa bien diferente es que, esta vez, surgió en el seno de la policía una reacción en contra de seguir asesinando. El Comando Especial Cobras de la Policía Nacional se sublevó. Recuerdo que la primera vez que fui al Comando fue en el golpe, cuando fui a buscar a una compañera que habían detenido. Era horrible ver que pasaban camiones que llevaban compañeros para meter ahí. No dejaban entrar a los defensores de DDHH para hacer el parte de quiénes estaban detenidos. Ahora, voy por segunda vez y me encuentro con oficiales que se suman a la lucha del pueblo y no quieren seguir asesinando, porque veníamos con varios días de muertes en la oscuridad de esas noches sin garantías constitucionales. Creo que la cacería que hubo en el toque de queda fue más grave que la del golpe de Estado. Otra diferencia importante es que hay un movimiento fortalecido. Los jóvenes de 12-13 años que andaban con sus papás en las marchas durante el Golpe ahora son jóvenes de 20 años que vivieron la resistencia, aprendieron y son parte de esta lucha.

Desde su mirada de documentalista, ¿dónde elige poner el foco de su cámara en situaciones como el toque de queda?

Cuando suspendieron las garantías constitucionales, queríamos ir a filmar a los barrios. El primer día no pudimos porque el TSE no nos dio las credenciales. Sin embargo, aún sin credenciales, al día siguiente fuimos a los barrios. Anduvimos en el carro, en la noche, buscando las tomas de calles (los piquetes) y fuimos a la posta policial para ver a los jóvenes detenidos pero no nos dejaron obtener ningún informe. Uno quiere poner el foco ahí donde su cámara va a evidenciar algo que puede salvar vidas. Obviamente, también en la celebración, en los días posteriores, cuando la gente empezó a salir a la calle, bailando, cantando, golpeando cacerolas, y empezó a decir “yo me rebelo, no me quedo en el toque de queda”. Vamos a editar un reportaje lo antes posible para que se pueda ver eso que los medios corporativos no han sacado a la luz.

Dos de sus producciones cuentan la lucha y asesinato de las lideresas sociales Berta Cáceres y Margarita Murillo. ¿De dónde vienen las principales amenazas que deben enfrentar los defensores y defensoras de DDHH en Honduras?

Los obstáculos para los defensores y defensoras de DDHH vienen de la misma corrupción e impunidad de las instituciones de Justicia. Dos de las fiscales del caso de Margarita Murillo fueron asesinadas. ¿De dónde sacan la información de su paradero? Actúan con información que solo puede venir de las propias instituciones. Otro problema que enfrentan es la pobreza. La pobreza te vuelve vulnerable. Las hijas e hijos de estas víctimas toman los casos de sus familiares y se vuelven defensores, pero sus condiciones  de vida son muy precarias y viven en zonas donde hay maras. Los muchachos de las maras son utilizados por el sistema judicial corrupto para hacer encargos. Ni siquiera tener medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) te protege. Tanto Margarita como Berta Cáceres tenían medidas cautelares. Los defensores de DDHH son víctimas de un sistema judicial confabulado para el asesinato y para borrar las pistas que puedan dar con los autores materiales e intelectuales. Se suman al silencio que hace que el 95% de los casos del país esté impune.

Me atrevo a decir que otra de las grandes amenazas para los defensores es el sistema de ONGs instalado en el país. Las agencias de cooperación internacional para el desarrollo han generado una cantidad increíble de ONGs que a mi parecer son organizaciones parasitarias. Hay más de 12 mil ONGs en el país, que se vuelven dependientes de los fondos de la cooperación internacional. Son políticas internacionales disfrazadas de buena voluntad que diluyen los procesos de movilización y crean agendas que sirven para mantener burocracias de gente que viene del extranjero a trabajar aquí y gente local contratada con sueldos muy por encima de lo que puede ganar un profesional. Gastan el dinero en frivolidades, como el pago de lobbystas y de técnicos para hacer investigaciones que no se publican. En la práctica, lo que hacen estas organizaciones es dividir y los defensores de DDHH tienen que separarse de esas agendas impuestas desde organizaciones extranjeras, como el Banco Mundial, que quieren definir las políticas para nuestros países.

¿Podría señalar algún ejemplo de la injerencia de estas agencias?

Un ejemplo concreto lo vivimos en la producción del cortometraje “Berta vive”. Empezamos a producir con el pago que había hecho Oxfam Honduras para hacer una pieza de 15 minutos, cuando Berta estaba viva, sobre los éxitos de organizaciones que defienden los territorios. Después del asesinato de la compañera, fuimos a Oxfam a decir que esa pieza ya no tenía sentido y que queríamos hacer una película. Ellos no quisieron apostar ni un cinco a este proyecto pero quedamos amarrados con ellos porque el fondo ya se había usado para lo que habíamos filmado hasta el momento. Así que tuvimos que hacer un trabajo en el que había un supuesto acompañamiento de Oxfam pero en el que tuvimos que aportar la diferencia para terminarla. A pesar del poquito dinero que habían puesto, se sintieron con el derecho a opinar sobre la pieza al punto que tuvimos que decir, “negociemos, no podemos seguir haciendo cambios que están tergiversando el discurso de Berta”. Por ejemplo, nos pidieron quitar una parte donde Berta dice que el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), uno de los socios del proyecto hidroeléctrico que combatía, es un banco racista. Al final, nos pidieron que pongamos al final de la película que lo expresado en el documental no necesariamente es la opinión de Oxfam. Esas son las cosas que pasan en este país, la cooperación internacional quiere determinar el discurso de las organizaciones. El problema adicional de los documentalistas es que no somos reconocidos como defensores ni comunicadores sociales. Soy la única documentalista que está haciendo registro de estas situaciones y no encajo en los niveles de trabajo que la cooperación apoya. Yo creo que las documentalistas también somos defensoras de DDHH. Nuestro aporte es visibilizar lo que está sucediendo en el país, denunciar y acompañar los procesos sociales.

Miles de personas están saliendo a las calles con la consigna “Fuera JOH”. ¿Cuáles son las principales políticas de Hernández que más rechazo han causado en la población estos años?

La impopularidad de JOH viene del fraude con el que llegó al poder. También tiene que ver con su plan de militarizar el país y medidas como el Tasón de Seguridad, un impuesto obligatorio y secreto, por lo que como ciudadanos no podemos saber para qué se gasta ese impuesto. Ha concesionado el 30% del territorio, una grosería. Son centenares de concesiones para la industria extractiva e hidroeléctricas, y el colmo son las ciudades modelo o ZEDE. La figura del Estado dentro de otro Estado, creada por un empresario norteamericano y aprobada en el país. Otra medida es la privatización, en muchos casos, por empresarios colombianos. Se privatizó todo, el puerto, la energía eléctrica, los servicios de salud. El año pasado aprobaron la ley de protección social, un marco regulador para privatizar el sistema de salud. El aumento de impuestos para las pequeñas empresas en vez de las grandes. La ley de trabajo por hora. Han tirado a la basura todos los derechos laborales, sacan las obligaciones de las empresas y del Estado con los trabajadores, es una explotación tremenda. Esto ha tenido un gran rechazo, sobre todo de la clase media, que entiende qué hay detrás de estos programas asistencialistas. La elección a dedo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de diputados para tener gente que les arme los paquetes para sus negocios. También hay que incluir los asesinatos emblemáticos de las compañeras Margarita Murillo y Berta Cáceres. Por último, este fraude. Entró con fraude y propone su reelección inconstitucional. En eso estamos, viviendo las consecuencias de tener en el poder a un hombre al que se le salió de las manos cualquier posibilidad de que esto se reestablezca en el corto plazo. Esto va para largo y la responsabilidad es de Juan Orlando Hernández y del Tribunal Supremo Electoral.

 

       

Fuente: Nodal

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