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México: Guerra contra “narco-terrorismo” y la conexión mormona ¿anexionismo territorial?

Las recientes declaraciones del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, ante el importante comentarista conservador Bill O’Reilly , sobre la intención del presidente en declarar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, resuena como piedra de toque final sobre un proceso de intervención que empezó en México desde hace más de treinta años, con la instauración del modelo económico neoliberal y la consecuente destrucción de cadenas productivas que produjeron un modelo de “expulsión forzada” y que se combinó con una serie de operativos de intervención por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses, particularmente la CIA y la DEA, para llevar a cabo la construcción de cárteles que necesariamente requieren de complejas estructuras de financiamiento y bancos internacionales para hacer lucrativo su negocio. 

En este sentido no se debe perder de vista que en el contexto de aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994, se desarrollaron una serie de discusiones públicas donde el lobby industrial estadounidense, en ese entonces encabezado por el candidato republicano Ross Perot, planteó de forma clara que deslocalizar la industria estadounidense hacia México traería consecuencias negativas para las clases trabajadoras de Estados Unidos al tiempo que ofertaría bajos salarios para México, lo cual no promovería el desarrollo del país, como efectivamente sucedió. Sin embargo un debate llevado a cabo en CNN el 9 de noviembre de 1993, entre Ross Perot y el entonces vicepresidente de Estados Unidos Al-Gore, planteo la situación geopolítica sobre la importancia de incluir a México en el TLCAN, ya que de acuerdo con Gore, la incorporación de México se asemejaba a la compra de la Luisiana y la compra de Alaska, es decir a dos de los procesos de mayor expansión territorial en la historia de los Estados Unidos. 

En ese momento, quedó claro que para las élites globalistas estadounidenses, el espacio territorial de México era necesario para dar forma y sentido al proyecto de integración silenciosa de América del Norte que articulaban las grandes empresas estadounidenses al moldear de forma significativa los marcos regulatorios mexicanos y adecuarlos a las necesidades de inversión de las firmas y corporativos estadounidenses, por lo cual tal como afirmó Gore, el TLCAN facilitó lo que el académico mexicano John Saxe-Fernández ha denominado como el proceso de “compra-venta de México.” 

Bajo el debilitamiento de las capacidades productivas mexicanas, se volvió cada vez más factible la incursión y crecimiento de las operaciones de los cárteles de la droga que fueron apoyados al menos desde los años 80 por medio del financiamiento clandestino ejercido por la Agencia Central de Inteligencia, por lo cual resulta difícil asumir que esta agencia del espionaje estadounidense se mantuviera fuera de esas operaciones en los años subsecuentes, toda vez que en México se ha documentado que al menos durante la administración del expresidente Felipe Calderón se abrió de par en par la soberanía mexicana para instalar a las agencias de inteligencia estadounidenses en territorio nacional, particularmente a la citada CIA.

Es en este marco en el que las élites mexicanas neoliberales amoldaron el territorio mexicano a las necesidades de inversión del capital estadounidense, así como a los operativos de las agencias de inteligencia, las cuales se orientaron en dirigir a los cárteles de la droga y usarlos como caballos de Troya para controlar importantes espacios geográficos del país y que de acuerdo con algunos estudios realizados por el coronel Robert Killebrew, se torna evidente que las organizaciones criminales, específicamente los cárteles de la droga, tienen un alcance trasnacional que solo pudo ser posible en el marco de la globalización económica y que sirven para hacer avanzar una agenda de debilitamiento de naciones clave, ya sea por su posición geográfica, sus reservas de recursos naturales estratégicos y para avanzar en un objetivo fundamentado en la  desestabilización política.

Resulta interesante que grupos de narcotráfico como el denominado cártel de los “Z”, de acuerdo con la periodista mexicana Ana Lilia Pérez, controla las operaciones petroleras de la cuenca de Burgos, simultáneamente el citado cártel mantenía íntimo contacto con operadores comerciales en Texas que se vinculaban con la presidencia de George W. Bush. Lo anterior plantea una serie de operaciones de control territorial de espacios geográficos estratégicos para las empresas, en este caso petroleras que se ven beneficiadas de recibir productos básicos de petroquímica a “precios preferenciales” que son extraídos de la principal cuenca de producción de gas y condensados de México.

Asimismo, es notorio que el control territorial que ejercen los cárteles en espacios geográficos estratégicos obedece a un diseño geopolítico que claramente se orienta a favorecer a los intereses empresariales de ciertos sectores estadounidenses, toda vez que en el citado ejemplo del sector energético mexicano se calcula que la cuenca de Burgos puede alojar entre el 31% de los recursos técnicamente recuperables de shale gas de la región de América del Norte, así como la cuarta reserva de shale gas técnicamente recuperable a nivel mundial.

Consecuentemente no resulta extraño que en esta estratégica región del noreste mexicano opere uno de los cárteles más sanguinarios de México y que al igual que sucede con el cártel de Sinaloa, sus operativos se encuentran dirigidos con claros objetivos geopolíticos diseñados bajo el mandato de la CIA. Es por ello que el control sobre los recursos energéticos de esa región de México se torna de gran relevancia ya que denota una penetración en espacios geográficos que adquirirán una importancia creciente, toda vez que de acuerdo con la compañía de servicios industriales petroleros Baker Hughes, las cuencas de producción de shale gas en Estados Unidos, comienzan a mostrar una tendencia a la baja en su capacidad productora, lo cual se torna visible en la disminución de perforaciones que se llevan a cabo en actividades de hidro-fracturación en Estados Unidos, al descender en un promedio de 160 perforaciones en los últimos años, lo cual plantea que las principales cuencas de shale gas como la denominada cuenca pérmica localizada en el sur de Texas, ya muestra señales de agotamiento, situación que puede obligar a las empresas de servicios petroleros, encargadas del desarrollo de campos de petróleo y shale gas a buscar oportunidades de expansión en su cartera de inversión en la prolongación de dichas cuencas hacia territorio mexicano.

Es precisamente en esta confluencia de hechos, donde convergen el agotamiento de recursos energéticos no convencionales en Estados Unidos, la localización de éstos en el noreste mexicano, así como la ubicación de nuevos minerales que resultan estratégicos para la construcción del nuevo esquema energético eléctrico de locomoción automotriz, donde resalta por su importancia el Litio, mineral no energético pero que desempeña un papel importante en el desarrollo de baterías de alto desempeño y que son necesarias para construir la base productiva del automóvil eléctrico del futuro, donde resulta coincidente que la región del noroeste mexicano, concretamente en el estado de Sonora, en el municipio de Bacadehuachi se localiza el principal yacimiento mundial de Litio, el cual será explotado por las empresas Banacora Minerals y Cadence Minerals, las cuales ya han planteado todo un proyecto productivo orientado a desarrollar este yacimiento, el cual se espera tenga una vida productiva de solo 19 años. 

No obstante resulta muy peculiar que dicho proyecto se ubica a 98 Kms de la comunidad de La Mora ubicada en el municipio de Bavispe, donde ocurrió el múltiple asesinato de la familia mexico-estadounidense Le Barón.

Es justamente en el marco de este múltiple asesinato ocurrido el pasado 4 de noviembre de 2019, donde se conectan varias agendas golpistas e intervencionistas y que tienen en el centro de la discordia a una familia de origen estadounidense y que se vincula a la práctica de la religión mormona o también conocida como Santos de los Últimos Días. El asesinato de 9 miembros de la llamada comunidad Le Baron ha iniciado toda una serie de movimientos políticos que han girado en torno a promover una agenda de intervención militar en México propuesta por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien desde el llamado operativo “fallido” en Culiacán ocurrido el 9 de octubre pasado en el que la DEA filtró información de inteligencia con el objetivo de que dicho operativo no fuese exitoso y sirviera para desestabilizar al gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El manejo de AMLO en aquel momento fue criticado como tibio, al no haber enfrentado de forma directa al cártel de Sinaloa y por dejar escapar al objetivo de dicho operativo, Obidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo la lógica del presidente Obrador se centró en no jugar la misma estrategia de confrontación que implementaron las administraciones anteriores y que jugaban de acuerdo con el playbook de la DEA, por tal motivo la estrategia obradorista se centró en no hacer confrontaciones innecesarias que tuvieran bajas de civiles inocentes. 

Sin embargo después de ocurrido el asesinato de los miembros de la familia Le Baron se volvió notorio que existe un plan de desestabilización en donde confluyen las fuerzas de ultra derecha que conglomera a los gobernadores panistas y priístas, principalmente de los estados fronterizos, los cuales se han pronunciado a favor de un proceso de intervención militar llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos, siendo emblemático el caso del gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, el cual desde el pasado 20 de noviembre hizo público el estado de inseguridad y narcoterrorismo que se despliega en su estado, lo cual resulta interesante, al considerar los cárteles que operan en dicho estado y su vinculación con empresarios del sector petrolero estadounidense, citado líneas arriba. Consecuentemente, la aprobación de Cabeza de Vaca a los pronunciamientos de Trump en relación a reclasificar a los cárteles mexicanos como terroristas, parece embonar en una estrategia de anexionismo territorial, que como ya citamos cuenta con una de las principales reservas de shale gas, tanto a nivel regional en América del Norte, así como a escala mundial.

De forma similar el asesinato de los miembros de la familia Le Baron resulta de la mayor importancia en virtud de la reciente solicitud que dicha familia ha realizado al gobierno de los Estados Unidos para considerar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, lo cual plantea una serie de riesgos políticos, diplomáticos y militares tanto para México como para Estados Unidos, ya que éste último cuenta con dos leyes que le permiten operar en el extranjero cuando se detecta un grupo terrorista que se vislumbra como una amenaza a los Estados Unidos.

Por una parte se ubica la ley 104-132, la cual proviene de 1996 y que dota al ejecutivo estadounidense de las facultades necesarias para llevar a cabo el despliegue de efectivos militares y fuerza letal para atacar objetivos designados como terroristas. La otra importante ley es la denominada “Ley patriota” que también ejerce elementos coercitivos de carácter extraterritorial para desplegar fuerza letal por parte del ejecutivo estadounidense. 

Es justo en este contexto donde de acuerdo con la inteligencia militar mexicana se ha planteado que existen evidencias que sugieren la existencia de un plan de desestabilización en la que se combinan múltiples hechos violentos en un periodo de tiempo muy corto, los cuales tienen hasta este momento dos objetivos, por un lado la búsqueda de Trump por evitar un debilitamiento mediático y posiblemente electoral ante el contexto de juicio político en el que se encuentra sometido, por otro lado, debilitar la estrategia obradorista de lucha no frontal contra los cárteles, toda vez que dicha lógica de no confrontación directa no es la que históricamente ha favorecido la DEA en México.

Es debido a lo anterior que se torna importante tener presente la importancia de que haya sido una familia mexico-americana y mormona el objetivo de los cárteles, ya que sin perder de vista que fue una tragedia lo que les ocurrió, no deja de llamar la atención que situaciones similares (y quizás peores) han tomado lugar con numerosas familias mexicanas, por lo cual es de resaltar la simultaneidad de eventos en el marco de una macro agenda de los Estados Unidos, con el objetivo explícito de llevar a cabo una serie de intervenciones militares bajo el pretexto de erradicar los cárteles de la droga.

El factor religioso de la familia Le Baron no puede ser pasado por alto, ya que en la historia de los mormones, dicho grupo desempeñó un papel fundamental en el proceso de colonización del oeste americano, asentándose en el estado de Utah, incluso antes de que dicho territorio formara parte de los Estados Unidos. No hay que olvidar que la línea mormona que se desplazó a México es posible considerarla como una rama radical o fundamentalista del credo mormón, que se resistió a dejar de lado la práctica de la poligamia y mantuvo una creencia mucho más radical que sus contrapartes que se asentaron Utah en el Lago Salado y que se rigieron por las leyes de los Estados Unidos. 

Por último resulta de la mayor importancia no perder de vista la simultaneidad de eventos, así como la interrelación de los mismos, toda vez que la convergencia de agendas políticas de los sectores de la ultra derecha mexicana que resultó vencida en la elección de 2018, donde surgió vencedor Andrés Manuel López Obrador, así como el interés externo por controlar espacios geográficos clave por sus recursos estratégicos, de particular uso en el sector energético y que a su vez convergen con las agenda de un grupo religioso de origen estadounidense y que del asesinato de algunos de sus miembros se ha logrado derivar toda una retórica tanto golpista como de intento de intervención militar bajo el pretexto de los cárteles de la droga, lo cual puede devenir en un proceso anexionista territorial, donde gobernadores de la frontera como Javier Corral de Chihuahua ya han planteado su deseo de abandonar el pacto fiscal que los mantiene unidos a la Federación de la República Mexicana. Una cosa es segura, todo se decidirá en el congreso de los Estados Unidos, donde la congresista demócrata Nancy Pelosi será el factor clave para una probable defenestración de Donald Trump. 

Todo indica que México se encuentra en una fase de pre balcanización política.

 

Abner Munguía Gaspar: Doctorante en Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

 

           

Fuente: Dossier geopolítico

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