El 30 de diciembre de 2016, el Gobierno expidió el decreto-ley 1820 que otorgaba la amnistía que sería efectiva para los miembros de las Farc sindicados de delitos políticos. De igual forma, se han expedido otros decretos “exprés” para dar la libertad a guerrilleros que se encuentran recluidos en cárceles del país, sin embargo, a casi diez meses de expedido el primer de todos, los líderes de la exguerrilla exigen la liberación de más de mil miembros que quedan en las cárceles.

“Exigimos con vehemencia que sean liberados nuestros prisioneros. Lo decimos con vehemencia porque hicimos 50 años de resistencia por las reivindicaciones de nuestros pueblos”, señaló este miércoles Seusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Para los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), hay negligencia por parte del Gobierno en cuanto a quienes aún permanecen en centro de reclusión y quienes ya han sido beneficiados con la amnistía están en condiciones de vulnerabilidad, pues no ha sido resuelta la identificación y ni la bancarización.

También resaltaron que muchos de quienes salieron de las cárceles no tiene claridad sobre su situación jurídica y temen ser recapturados. Según la Farc, la gran mayoría de los amnistiados tiene problemas con la documentación, el registro civil y la bancarización, esta última una situación que dificulta el recibo del pago pactado en el acuerdo, que era del 90 % de un salario mínimo mensual legal vigente.

“En este momento, la implementación es un desastre. Si el conjunto del pueblo colombiano no toma la bandera del acuerdo de La Habana, vamos a tener una crisis profunda, un fracaso en la conquista y la búsqueda de la paz”, concluyó Santrich.

En junio pasado, el líder de las antiguas Farc protestó con una huelga de hambre para que el Gobierno hiciera efectiva la amnistía para los prisioneros de esa organización que estaban presos y señaló que había denegación de justicia por parte de los jueces de ejecución de penas, que son quienes deben otorgar la amnistía a los exguerrilleros.

El Espectador


Asesinados 6 integrantes de FARC en el municipio de El Charco, Nariño

Según información preliminar, 6 excombatientes ahora integrantes del Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-, fueron asesinados en inmediaciones de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR- Aldemar Galán en Nariño (anteriormente Zonas Veredales).

Los hechos habrían ocurrido en el sector de San José del Tapaje, en el punto Isupí, Municipio de El Charco, este 16 de octubre. En el territorio está ubicado el Espacio Territorial donde habitan -en el marco del proceso de implementación de los Acuerdos de Paz- excombatientes de las FARC, principalmente del antiguo Frente 29.

En el ETCR Aldemar Galán el incumplimiento del Gobierno ha sido constante. Los compromisos en materia de instalaciones, viviendas y proyectos productivos para las personas que dejaron las armas no se han llevado a la práctica y en la zona diferentes grupos armados hacen presencia ante la ausencia y complicidad Estatal.

Al parecer, los asesinatos habrían sido perpetrados por integrantes de una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, antiguos miembros del Frente 29 y hoy integrantes de la Banda de Alias La Vaca.

Las personas asesinadas son, preliminarmente, las siguientes: José Miller Estupiñan Toloza, Carlos Sinisterra, Edinson Martínez Ordoñez, Duber Alberto, Obando Valle, José Alfredo García Estup y otra persona conocida como Johan.

La dirección de la ETCR Aldemar Galán ha expresado que se trata de información preliminar y que es preciso esclarecer los hechos. Sin embargo, esta información revela las dificultades por las que pasa la implementación de los acuerdos ante la negativa del Estado de asumir sus compromisos adquiridos, entre ellos la protección de la vida de los excombatientes y las políticas sociales para las zonas acordadas.

Colombia Informa


Paro indefinido para exigir cumplimiento del acuerdo de paz

Un paro nacional indefinido fue acordado por organizaciones sociales que hacen parte de Marcha Patriótica para exigir el cumplimiento pleno del acuerdo de paz.

Tras una reunión este 18 de octubre en Bogotá, voceros de 12 departamentos y representantes de organizaciones agrarias nacionales acordaron movilizarse la próxima semana ante las reiteradas obstrucciones a lo pactado en La Habana.

También definieron redactar un pliego de peticiones para radicar ante la Presidencia de la República con el fin de que se reactive la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) y se aborden compromisos sin cumplir por parte de las autoridades.

En particular, preocupa el incumplimiento a los acuerdos colectivos de sustitución concertada, el estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito y la obstrucción a varios proyectos de ley para poner en marcha lo pactado en la mesa de La Habana. Además, el escaso o nulo avance en temas como las garantías de seguridad y la apertura democrática.

Este paro nacional indefinido tendrá lugar la semana del 23 de octubre y a él se han adherido organizaciones como Anzorc, la Coccam y Fensuagro. También comunidades agrarias de al menos 11 departamentos del país.

Prensa Rural

Frases


"Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una élite que se harta de tirar comida a la basura todos los dias"

Lula Da Silva

Correos del Sur Nº46