Información es poder; debemos evitar los abusos del uno y de la otra. Examinemos el artículo de nuestra Constitución: el artículo 28.

El acceso irrestricto a “documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas” implica para la República la virtual imposibilidad de mantener en reserva cualquier información. Los proyectos relativos a la política económica, a la defensa nacional, proyectos estratégicos o a la industria de los hidrocarburos, obviamente contienen información cuyo conocimiento es de interés para especuladores, traficantes de armas o agencias de seguridad del Imperio. Se advierte que no se establece un régimen de igual transparencia para el sector privado, de manera que banqueros, particulares y comunicadores sí pueden mantener un impenetrable secreto sobre sus actos y los documentos donde constan. El régimen señalado no solo establece una asimetría total entre el secreto público y el privado, sino que impediría el desarrollo y aplicación efectivo de las políticas de la República.

El artículo 155 de la Ley Orgánica de la Administración Pública adhiere a este régimen de casi absoluta publicidad de los archivos de los poderes públicos al pautar que “toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros administrativos (…) salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto”. Por tanto, la ley establece un régimen de acceso total, sin otro límite que la Constitución –que solo fija alguno en lo relativo a seguridad y defensa– o la ley especial, la cual difícilmente podrá vetar el acceso cuando la Carta Magna no lo hace.

Por ello, se debe sustituir la última oración por la siguiente: “Igualmente, podrá acceder a los documentos de los archivos del Estado cuando no exista otra manera de probar un derecho que le concierna en forma directa”.

En numerosas oportunidades los comunicadores han abusado de la prerrogativa de mantener en secreto sus fuentes, cubriendo con ella la inexistencia de estas y la consiguiente responsabilidad personal. Materia tan delicada debe ser dejada a consideración de la ley, sin establecer constitucionalmente un régimen excepcional. Se sugiere que la excepción sea eliminada, manteniendo en forma genérica el derecho “de las profesiones que determine la ley”, entre las cuales el legislador podría incluir la periodística. O bien, en los términos del artículo 57 ejusdem, se debe pautar que el comunicador “asume plena responsabilidad por todo lo expresado”.

 

Fuente: Últimas Noticias

Frases


"Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una élite que se harta de tirar comida a la basura todos los dias"

Lula Da Silva

Correos del Sur Nº46