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Las masacres de Sacaba y Senkata: cómo opera el terrorismo de Estado en Bolivia

Por Misión Verdad

Luego de unos días recopilando información en El Alto, la delegación asignada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, presidida por Pablo Abrao, afirmó que "no hay garantías" para llevar a cabo una investigación imparcial sobre las masacres ocurridas en el mes de noviembre, perpetradas por las fuerzas armadas y la policía que formaron parte del golpe de Estado contra Evo Morales.

Las víctimas de las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) dieron testimonio de los sucesos a la CIDH, que siendo el ala de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), resulta paradójico que se alce una voz solidaria con quienes han sufrido más tras el cambio de régimen.

El relator de la CIDH para los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, dijo en una entrevista con CNN que la entidad va a plantear "que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos", que deberá investigar "a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba".

Tal iniciativa fue apoyada por el depuesto Morales, quien desde su exilio en México ha estado denunciando el proceso de persecución y represión política que lleva a cabo el gobierno de facto encabezado por la senadora autoproclamada Jeanine Áñez.

Por otro lado, otra delegación, de Argentina, fue a corroborar las denuncias sobre violación de derechos humanos en Bolivia, investigación que fue torpedeada agresivamente tanto por ciudadanos que apoyan el actual gobierno de facto así como por el propio "ministro" Arturo Murillo.

La comitiva argentina corroboró, mediante recopilación de información, testimonios, datos de primera mano, que en Bolivia se han cometido "delitos de lesa humanidad" tras la asunción de Áñez. Cuenta Página/12:

"La delegación habló de 'violaciones sistemáticas a los derechos humanos' tras haber corroborado delitos tales como la 'desaparición forzosa de personas', 'situaciones de tortura en espacios públicos', 'violaciones y delitos sexuales' y 'falta de garantías procesales para los detenidos', entre otros crímenes que dan cuenta de 'la situación de terror' con la que se encontraron allí.

"La delegación dijo contar con material probatorio del 'apoyo explícito' de países extranjeros en el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. 'Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho', subrayaron al detallar en qué contexto particular se desencadenaron las violaciones a los derechos humanos.

"'Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios, de torturas, de violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos', puntualizaron.

"El grupo interdisciplinario hizo especial hincapié también en 'las masacres coordinadas contra la población civil', al referirse específicamente al ataque represivo en Senkata, cuando militares abrieron fuego en una planta de combustibles.  

En total, la delegación argentina denunció 11 delitos enmarcados en la violación de los derechos fundamentales reconocidos por las leyes internacionales.

Está claro que la caracterización de masacre aplica, a juicio de la CIDH y el referido grupo independiente, para lo ocurrido a mediados de noviembre en el marco del golpe en Bolivia.

Los hechos

El 15 de noviembre la autoproclamada Jeanine Áñez firmó un decreto con el que autoriza a los militares a usar "todos sus medios disponibles" para neutralizar las masivas manifestaciones en contra del golpe.

  • El artículo 3 del llamado decreto supremo número 4.078 establecía: "El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".
  • El artículo siguiente señala que los militares "deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos".

Este decreto del gobierno de facto construyó el marco "legal" de para que se dieran los dos más grandes hechos represivos en Bolivia desde que depusieran a Evo Morales.

Fue ese mismo día, aquel 15 de noviembre, cuando fueron masacradas nueve (9) personas a balas por las fuerzas armadas y la policía en El Alto, cocaleros de los pueblos originarios que marchaban en Sacaba (Cochabamba) rumbo a La Paz por la degradación anticonstitucional de la wiphala, bandera representativa del Estado plurinacional, y contra el golpe de Estado y la represión.

Los testimonios hablan del terror que vivieron los sobrevivientes y los heridos, quienes estaban desarmados ante el frente militar-policial que disparó a mansalva amparado por un decreto que fue altamente criticado por sus mismas víctimas. La mayoría de las víctimas formaban parte de la estructura sindical de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

  • Al día siguiente, 16 de noviembre, fue asesinado otro manifestante en Sacaba.
  • El 19 de noviembre, en Senkata (El Alto), frente a la planta de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la represión militar-policial dio muerte a siete personas. También fueron heridas 60. Todas por impacto de bala.

Se hizo viral un video grabado en el sitio donde un doctor denuncia la masacre mientras auxilia a los heridos, quien luego fue detenido injustamente por el gobierno de Áñez debido al audiovisual, un gesto de represalia judicial. El médico pidió ayuda y dijo que "nos están matando como perros".

Al día siguiente, en el marco de la misma operación de represión en la planta, ya que la orden oficial fue la de recuperar el flujo de combustibles hacia La Paz, murió una persona asesinada por el aparato militar-policial. El 22 de noviembre fue masacrada otra víctima.

Los reportes y autopsias apuntan que las muertes de ambas masacres fueron causadas por impactos en la cabeza y el torso, muestra más que suficiente de que tiraban a morir. Licencia para matar.

Cabe decir que la operación tuvo "éxito", pues neutralizó la resistencia de los manifestantes anti-golpe a fuerza de sangre y lodo.

  • Desde que comenzara el conflicto boliviano, la Defensoría del Pueblo reporta que ha habido 34 muertes, 832 heridos y 54 detenidos.
  • La última víctima de la represión en El Alto fue la muerte de una persona el 27 de noviembre. Son 10 los fallecidos por la masacre de Senkata.

Áñez retiró el jueves 28 de noviembre el decreto Nº 4.078, alegando que su gobierno había logrado la "ansiada pacificación" de Bolivia.

Con este cese de inmunidad a la represión oficial, culminó una operación de blanqueamiento de las masacres que empezó con el verbo del aparato golpista amplificado por los medios aliados al cambio de régimen. Un testimonio de Senkata expresó: "Nos están matando y no hay ningún canal boliviano".

Encubrimiento mediático del crimen

Lo que proyectan los medios hasta el sol de hoy es que Morales era un "dictador" que se "buscó su propio golpe", línea de opinión compartida tanto por columnistas de Infobae como por cierta "izquierda". Los llamados líderes de la "sociedad civil", sobre todo los pudientes empresarios de Santa Cruz (centro económico boliviano), junto con "jóvenes estudiantes" y "gente común" lograron un clímax propicio para la "recuperación de la democracia".

Las narrativas para un cambio de régimen no difieren mucho del manual si se trata de un golpe de Estado tutelado por la OEA y el gobierno de los Estados Unidos. La misma autoproclamada Áñez dio las gracias a la cadena CNN "por toda la cobertura de lo que ha pasado en Bolivia", una confesión de partes que evidencia el papel activo de los medios en la construcción de sentido y percepción de los momentos.

Dicha cobertura, no hay sorpresa, solo dio voz al verdugo, no a la víctima.

En el marco de la masacre de Senkata, las fuerzas armadas justificaron la intervención militar desde el primer momento mediante un comunicado, que hizo referencia al Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos, firmado en 2005 por Carlos Mesa, entonces presidente, tal vez queriendo decir que la impunidad brindada por el decreto Nª 4.078 no era necesaria en este caso por tratarse de un "Servicio Público Esencial Estratégico": había que restablecer el flujo de combustible a como diera lugar.

"Exhortamos a mantener la racionalidad para evitar daños irreversibles en las personas, en la propiedad pública y privada del sector": la cruenta represión estaba justificada, así, con un neolenguaje que hablaba de "racionalidad" y "daños irreversibles" cuando las víctimas fueron objeto de masacres.

De hecho, las muertes fueron excusadas por el ejército como necesarias para "evitar un mal mayor" citando un informe técnico. En los medios repetían que, de no haber sido contenido el avance de "agitadores y vándalos enardecidos", pudo haberse generado una explosión en cadena tras la hipotética afectación de los contenedores centrales de gas producto de los disparos, lo que pudo haber ocasionado miles de muertos.

Aquellos mismos medios, a escala boliviana e internacional, hablaban de "choques" y "enfrentamientos" entre los cuerpos militares-policiales y los manifestantes desarmados, para obviar esa palabra tan incómoda llamada "represión" (si el caso fuera -de nuevo- en Venezuela, Cuba o Nicaragua, se invertirían los términos).

Estos argumentos no resisten el menor análisis de los hechos, como lo han demostrado la Defensoría del Pueblo, la CIDH y la comitiva argentina.

Manifestantes heridos dentro de una ambulancia en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre (Foto: Danilo Balderrama / Reuters)
 

El silencio mediático y en redes sociales en torno a lo ocurrido en Sacaba y Senkata es la guinda del pastel para la operación de blanqueamiento de las masacres, que cataliza el shock de la población consecuencia de los eventos hacia una asimilación de la muerte violenta. El miedo al asesinato sin impunidad trasvasa el discurso oficial y el mediático sobre la psique de cualquier que intente movilizarse en el marco del conflicto post-golpe.

Las salidas forzosas del aire de los canales TeleSur y RT en Bolivia forman parte de este blindaje narrativa para el encubrimiento criminal del gobierno de facto, con la censura de bandera.

Es por eso que el relator de la CIDH en Bolivia insiste: "A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme".

Motivos para una masacre

Se suele llamar de "irracional" a las masacres, pues para que se desencadene una existe un detonante mas no una causa. Sin embargo, el análisis lleva a concluir que lo de Sacaba y Senkata fueron hechos calculados, por lo menos eso aclaran los testimonios y reportes de los acontecimientos.

A solo días de la represión en Cochabamba, Evo Morales denunció vía Twitter que los golpistas buscaban consumar un "estado de sitio" en Bolivia.

Las víctimas y familiares de los caídos han denunciado a medios alternativos que lograron cubrir los testimonios pertinentes de la represión, de manera continua, que "nos están matando", "nos disparan como animales", pidiendo justicia.

Detallan cómo los militares disparaban tiros desde los helicópteros, de cómo la policía cercaba a los manifestantes para luego hacer uso de sus armas de fuego.

Este cercamiento por tierra y aire son la expresión más viva de las masacres, una imagen que calca con la consumación de un "estado de sitio" en este país andino-amazónico.

A esto se une la carta blanca para la "pacificación" de Áñez, cuyo objetivo represor da luces sobre cómo se conforma la estructura de poder en Bolivia en estos momentos. Un nuevo modelo de contrainsurgencia, en el que todo disidente del gobierno de facto o seguidor del Movimiento Al Socialismo (MAS) es sospechoso de sedición y terrorismo, estaría apostándose con las masacres en Cochabamba y El Alto.

El asesinato a mansalva por motivos de control social, ordenamiento del campo político y transmisión de miedo hacia la psique colectiva de la población es el paso que confirma el asentamiento del estado de sitio en Bolivia, donde no existen garantías bajo contexto constitucional que ampare asomo alguno de justicia para las víctimas. Donde el cambio de régimen se lleva a cabo a tracción de sangre.

En ese sentido, la tarea consiste en no dejar que las masacres de Sacaba y Senkata se disuelvan en la memoria, pues representan en su justa medida una radiografía de la represión actual en Bolivia.

 

           

Fuente: Misión Verdad

Frases

 

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Hugo Chávez
 
 

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