El Gobierno puertorriqueño prevé clausurar las escuelas públicas para reducir gastos públicos, lo que afectará a miles de estudiantes y profesores.

El pasado jueves el Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló  anunció el cierre de al menos 300 centros educativos en el país como parte de una medida de recorte del financiamiento público del Estado, sobre el presupuesto educativo de acuerdo al Plan Fiscal 2019-2022, lo que pondrá en riesgo el acceso a la educación de miles de estudiantes y ha causado el rechazo de los profesores.

El cierre de las escuelas afectará a cientos de estudiantes, quienes deberán ser desplazados a otros planteles. La medida dificulta el derecho a la educación de 27.000  alumnos y perjudica a más 2.000 profesores, quienes perderán sus empleos.

Según el Gobierno la medida está dirigida a ahorrar más 303 millones de dólares.

El gobernador Rosselló prevé implementar la medida en marzo de este año y anunciará cuáles son los planteles que se cerrarán, bajo la excusa de que la cantidad de estudiantes en los últimos cuatro años ha disminuido de 423.934 a 346.096, además de la baja matrícula registrada en septiembre, por el flujo de migración en la isla después del huracán María.

Puerto Rico y el recorte a la educación

En junio de 2017, el Gobierno del país caribeño, en el marco del recorte presupuestario fiscal, también disminuyó su inversión en materia educativa al disminuir 7,7 millones de dólares anuales en los servicios de mantenimiento de los planteles del país. Para ese entonces también se clausuraron 184 planteles para finales del año.

¿Qué más pone en riesgo la medida?

El cierre de las escuelas solo dejará 800 planteles de los 1.110 que existen en toda la isla, lo que ahorra al Estado miles de dolares durante los próximos cinco años, pero, además, fomentará la deserción escolar, debido al traslado forzado de cientos de alumnos de sus escuelas habituales.

Asimismo, la disminución en la matrícula estudiantil generará la reducción de personal administrativo y docentes, lo que reduce las oportunidades de empleo, y las jubilaciones, favoreciendo la inversión en gastos públicos del Gobierno.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, aseveró que su obligación es crear medidas que favorezcan únicamente a los estudiantes y no a los maestros.

Parte de la medida fiscal reducirá la inversión en materia de tecnológica, educativa y otros gastos en las escuelas. | Foto: primerahora.com

 “No hay chavos para los estudiantes porque la mayoría se destina a la nómina (...) Mi deber es manejar los recursos de manera que beneficien al estudiante. Mi norte es qué necesitan esos 319,000 estudiantes que están bajo mi cargo; y que yo tengo que asegurarme que tengan un maestro”, indicó Keleher.

De la misma manera, aseguró que la propuesta, ya presentada ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), contempla reducir el 75 por ciento de los gastos en pagos a nóminas de maestros y personal en los planteles, donde sólo se emplearán la cantidad exacta de educadores, por la cantidad de alumnos  matriculados.

Con respecto a la desplazamiento, la secretaria puertorriqueña aceptó que la reubicación no será fácil para los alumnos, ni para los maestros, ya que todo el proceso de restructuración educativa será por etapas y tardaría en establecerse por lo menos hasta el 2019.

Gremio de Maestros: Cierre de las escuelas "es inaceptable"

Aunque la medida fiscal comprende el aumento anual de 1.500 dólares en el salario de los maestros, los docentes rechazan la medida de clausura de los planteles, ya que no se adapta a las necesidades reales de los niños en lo que respecta a su acceso y derecho a la educación.

"La noticia del cierre de 300 escuelas es inaceptable y nos tiene que alarmar a todos porque es privar a nuestros niños de un derecho que es inalienable, tienen derecho a recibir una mejor educación y desarrollarse", denunció la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto, Rico Aida Díaz.

Díaz añadió que el cierre y posterior reubicación de los alumnos a otros planteles,no toma en cuenta la distancia, recorrido y traslado del estudiante a su nuevo colegio.

"Los que proponen estos cierres no han visto comunidades en donde los niños no van a la escuela por la distancia que hay entre sus comunidades", apuntó la presidenta del gremio, quien agregó que aunque las matrículas estudiantiles han disminuido el Gobierno debe evaluar bien el cierre.

Pese al rechazo colectivo, la medida de cierre ya fue anunciada y el próximo 30 de marzo el Gobierno dirá cuáles son los planteles de cada comunidad que podrán impartir clases y cuáles serán cerrados.

 

       

Fuente: TeleSUR

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