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[EL SALVADOR] Elecciones 2021: Las más desiguales y opresivas del siglo XXl

Por PROES

Análisis profundo y descarnado que nos brinda el centro de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES).

El presidente Bukele y sus partidos aliados, Nuevas Ideas, GANA y CD, se victimizan de un supuesto fraude que se prepara para el próximo 28 de febrero, desprestigian y amenazan a muerte a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), violan la Constitución de la República, el Código Electoral, ignoran los fallos de la Sala de lo Constitucional, hacen uso abusivo de los fondos y bienes públicos con fines electorales y realizan acciones irresponsables que dañan a las comunidades más pobres,  la economía, las libertades y la seguridad de la ciudadanía.

Por nueve meses el Ministerio de Hacienda ha retenido el Fondo de Desarrollo – FODES, creado por ley para apoyar a las 262 alcaldías del país, con énfasis en las más pequeñas y que no tienen capacidad de obtener ingresos propios. Esto provocó que durante la pandemia y las tormentas tropicales que causaron estragos en los territorios más vulnerables, las municipalidades no pudieran auxiliar a sus poblaciones en las emergencias, ni realizar obras de mitigación para prevenir posibles daños. Tampoco ejecutaron los proyectos comunitarios que estaban previstos para 2020 y 2021 y muchas han tenido dificultades para recolectar los residuos sólidos, lo que afecta la salud de la población. Incluso, cientos de empleados y empleadas municipales no han recibido su salario por nueve meses, en detrimento de sus familias. Además, muchas pequeñas empresas proveedoras de las alcaldías han quebrado por no haber recibido los pagos pendientes.

Durante la actual campaña electoral, el Gobierno ha limitado ilegalmente a los partidos de oposición al negarles el anticipo de la llamada “deuda política”, para afectar su operatividad, sus acciones de propaganda y movilización. Al mismo tiempo, los partidos vinculados al presidente Bukele hacen un derroche millonario de propaganda por todos los medios privados y públicos para inducir a la población a que vote por ellos. Esos partidos desarrollan una propaganda de mentiras y odio que atenta contra la salud mental de la población, que se ve indefensa ante el bombardeo incesante que intenta automatizar a los electores para que le den su respaldo. Ni siquiera muestran a la mayoría de candidatos, ni presentan propuesta. Su única oferta es ser dóciles ante el presidente, al que alaban con una sumisión pasmosa.

Llama la atención la millonaria campaña del partido preferido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, que contraviniendo la Ley de Partidos Políticos se ha negado a declarar las fuentes de su financiamiento, mientras las diferentes carteras ministeriales se niegan a rendir cuentas sobre el uso de miles de millones de fondos públicos destinados para la pandemia. El TSE debe proceder a sancionar al partido NI por no transparentar su financiamiento.

Abiertamente se hace uso de bienes y fondos públicos al servicio de la propaganda oficialista, desde mensajes del propio Presidente Bukele para que voten por su partido preferido, que es dirigido por sus familiares, hasta el uso de vehículos y locales públicos, el reparto de alimentos a la población con el emblema del Gobierno, los cuales son distribuidos desde locales de los partidos políticos aliados y a través de candidatos de dichos partidos, a una semana de las elecciones el presidente Bukele está regalando computadoras a estudiantes y maestros del sistema público, con gran despliegue publicitario.

Hechos más preocupantes están ocurriendo como el ataque armado a un grupo de militantes del FMLN el 31 de enero, que tuvo como saldo 2 personas asesinadas y 3 heridos; los capturados por este crimen son miembros de la seguridad del Ministerio de Salud y militantes del partido Nuevas Ideas. En este hecho fue evidente la intromisión del presidente Bukele enviando mensajes para desvirtuar lo acontecido, primero lanzando acusaciones de un auto atentado del FMLN contra sus militantes, y después afirmando que fue producto de un enfrentamiento armado entre los dos bandos. Las investigaciones fiscales determinaron que se trató de un ataque directo de los acusados al grupo de militantes desarmados.

Es tal la manipulación de las esferas gubernamentales, que, en este caso de violencia electoral, la Policía Nacional Civil (PNC) contradijo, el resultado de las investigaciones fiscales, en las que personal de esta entidad había participado; para tratar de apoyar la hipótesis del presidente Bukele sobre el enfrentamiento armado, lo que confirma el uso político y beligerante que el presidente viene haciendo de la PNC y la Fuerza Armada.

A cinco días del evento electoral, el Magistrado del TSE Julio Olivo, que ya había denunciado amenazas a muerte de un militante de Nuevas Ideas, denuncia las maniobras que ha realizado el presidente Bukele para infiltrar el sistema informático que será utilizado para registrar los votos en las elecciones municipales, legislativas y del PARLACEN del 28 de febrero, en un intento por penetrar el sistema y manipularlo.

Por otra parte, la jefa de la comisión de observación electoral enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido señalada en su país de realizar actos fraudulentos cuando se desempañaba como funcionaria pública por los cuales hay investigaciones en curso actualmente.

El Estado de Derecho se deteriora aceleradamente por el irrespeto del presidente Bukele a las normas legales, a la independencia de los poderes del Estado, el uso abusivo del erario público y las acciones claramente fraudulentas que realiza en su carrera por acaparar el poder legislativo y el control de los municipios, lo que coloca a El Salvador cada vez más cerca de la consolidación de un régimen autócrata y dictatorial con consecuencias nefastas para el bienestar y desarrollo de toda la población.

Ante este alarmante panorama la ciudadanía, la comunidad y la prensa nacional e internacional, deben estar atentos a los acontecimientos que se desarrollen en El Salvador en los próximos días previos y posteriores al evento electoral, para denunciar cualquier anomalía en aras de garantizar la fiesta cívica que debieran ser los procesos electorales en los estados modernos.

 

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Fuente: PROES

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